En las elecciones al Poder Judicial se ejerció un presupuesto aproximado de 6,800 millones de pesos. Esta cifra incluyó gastos en logística, materiales, capacitación de funcionarios de casilla, difusión y tecnología electoral. La convocatoria fue abierta a toda la ciudadanía, que pudo participar emitiendo múltiples votos para diversos cargos judiciales. Sin embargo, el nivel de participación fue bajo: alrededor del 12.86% de la lista nominal, lo que representa cerca de 12.8 millones de votantes.
De estos votantes, se estima que aproximadamente la mitad anuló sus boletas de forma deliberada, ya fuera escribiendo mensajes, tachando todos los recuadros o dejando el espacio completamente en blanco. Esto dio lugar a un total de alrededor de 24.3 millones de votos nulos o en blanco, lo que representa una parte importante del total de los votos emitidos. Si se considera que aproximadamente solo 6.8 millones de personas emitieron al menos un voto válido, el costo promedio por ese tipo de participación supera los 1,000 pesos por persona.
Desde una perspectiva técnica, esto implica que una parte sustancial del presupuesto no se tradujo directamente en resultados electorales efectivos. Aunque la democracia no puede reducirse a una ecuación económica, el uso de 6,800 millones de pesos para obtener una muestra de votos válida de apenas una fracción de los ciudadanos inscritos ha abierto diversas discusiones públicas.
Entre las posibles alternativas, algunos sectores han planteado que este mismo recurso pudo haberse orientado a rubros distintos como infraestructura hospitalaria, abastecimiento de medicinas, mejora de condiciones escolares, fortalecimiento de sistemas de justicia locales o inversión en tecnologías para la seguridad.
Incluso, en tono irónico, algunos comentarios han circulado en redes sociales comparando el presupuesto con el costo de los apoyos sociales emblemáticos, como los pagos bimestrales para adultos mayores, señalando cuántos millones de personas podrían haber recibido esa cantidad con un gasto similar.
Frente a estos datos, queda abierta la pregunta: ¿realmente este ejercicio electoral logró su propósito central de acercar el poder judicial al pueblo y fortalecer su legitimidad? ¿O fue más bien un mecanismo cuidadosamente envuelto en papel democrático, que permitió extender ciertos márgenes de control bajo la apariencia de elección libre? A veces, lo que se presenta como voz del pueblo es solo eco de una sola voz. La reflexión queda sobre la mesa.
Archivo junio 2025.
Reubicado desde mi perfil para fines de archivo.

Comentarios
Publicar un comentario