El tema de las tarifas para taxistas se ha vuelto controversial en redes sociales y entre la comunidad xalapeña. Sabemos que existen diversas posturas respecto a los nuevos límites tarifarios y perímetros impuestos por el gobierno de Veracruz. Tanto taxistas como ciudadanos debemos reconocer que este asunto merece ser tratado con seriedad y respeto, no con comentarios reduccionistas o insultos en redes sociales.
Por un lado, se entienden los recursos que los taxistas deben cubrir: gasolina, mantenimiento, inversión en el vehículo y su propio sustento diario. El tema del precio de la gasolina, por ejemplo, es bien conocido. Sin embargo, este no puede usarse como una justificación automática para el abuso en el cobro de tarifas. Aunque no todos los taxistas incurren en esta práctica, sí existen reportes y quejas de ciudadanos sobre viajes con costos excesivos dentro de la ciudad.
Así como los ciudadanos reconocemos las necesidades de los choferes, también es justo que los conductores reconozcan las condiciones de quienes utilizamos su servicio. Muchas personas no toman un taxi por gusto, sino por necesidad: para llegar al trabajo, asistir a la escuela, acudir al hospital, llevar la despensa o evitar el mal clima, por ejemplo.
Precisamente este abuso en las tarifas por parte de algunos conductores fue lo que llevó a la ciudadanía a exigir una solución por parte del gobierno. De ahí surgió la propuesta de establecer una tarifa fija, respaldada por muchos, como una medida que ayuda a equilibrar el servicio.
Lamentablemente, en este contexto han surgido comentarios despectivos como: “si no les gusta, cómprense un carro” o “mejor tomen el camión”. Ese tipo de respuestas son ofensivas e insensibles. El transporte público debe ser un servicio accesible y digno, no un lujo ni una fuente de división social. La relación entre chofer y pasajero debe basarse en un acuerdo justo, no solo verbal, sino respaldado por la ley.
Es cierto que existen alternativas de transporte privado como Uber o inDrive, cuyas tarifas varían por tratarse de un servicio bajo demanda y operado de forma independiente. Sin embargo, los taxis públicos deben regirse por las cuotas establecidas por ley, precisamente por su naturaleza de servicio público. Resulta irónico que muchos taxistas critiquen la presencia de estas plataformas privadas, cuando es el abuso en las tarifas lo que ha dado pie a su crecimiento. Si el transporte público no cumple con ser accesible, confiable y justo, la ciudadanía inevitablemente buscará otras opciones. Por eso, garantizar condiciones dignas para los pasajeros no solo es una cuestión de justicia social, sino también de sostenibilidad para el propio cuerpo de taxistas.
Establecer tarifas claras es necesario para evitar abusos y para que todos los conductores trabajen bajo condiciones similares. Por su parte, el gobierno tiene la responsabilidad de realizar estudios técnicos y sociales que consideren rutas, necesidades de movilidad y el contexto económico, para proponer tarifas verdaderamente equitativas.
Es importante señalar que, por culpa de unos cuantos abusadores, muchos taxistas honestos están siendo juzgados injustamente. Por ello, hago una invitación a la ciudadanía a participar de manera respetuosa, con diálogo, propuestas y no con descalificaciones.
El transporte público no debe ser un campo de batalla entre quien lo ofrece y quien lo necesita. Debe ser un espacio de servicio, empatía y respeto mutuo. Solo si entendemos que tanto taxistas como usuarios formamos parte de la misma comunidad, podremos construir soluciones duraderas y justas. La equidad se construye con responsabilidad y la voluntad de entender al otro.
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